Alberto Ruiz Gallardón está empeñado en pasar a la historia a como dé lugar, y parece que va a lograrlo. Quiere llevar a España para atrás, a tiempos pasados, antiquísimos, en que la palabra evolución o discrepancia era castigada con el garrote vil.
Ruiz Gallardón fue alcalde de Madrid y desde ahí empezó a repicar las campanas a la hora del Agnus Dei. Sus propuestas desde entonces, y como Ministro de Justicia, han sido y son obsoletas y fuera de la actualidad, como la ley anti-aborto que, si se estudia a fondo, dan ganas de llorar.
Ahora tiene una ley en trámite en el Congreso de los Diputados que se refiere a cambios en materia de medidas de seguridad, internamientos, libertad vigilada, aplicables a personas afectadas por una patología mental: esquizofrenia, trastorno bipolar, o por una discapacidad intelectual como el Síndrome de Down o trastornos autistas.
Me llama la atención que no se tome en cuenta que la bipolaridad puede ser controlada por psiquiatras experimentados, así como algunos tipos de esquizofrenia. Generalizar en estos asuntos puede ser muy delicado, y ni hablar de una discapacidad mental, donde existen muchas posibilidades de tratamiento y rehabilitación.
En el año de 2005, el Código Penal Español limitó el tiempo de penalización y encierro de las personas consideradas enfermos mentales, al tiempo que les correspondería cumplir si la persona no padeciese esa enfermedad. Después viene un proceso de reinserción social, rehabilitación, tratamiento.
El cambio sustancial que quiere introducir Gallardón es el de que transcurrido el tiempo que el enfermo o discapacitado mental tenga que cumplir por haber cometido un delito, un juez determine si está apto o no para salir libre, tras lo cual lo puede condenarlo a cinco años más de prisión/encierro, al final de los cuales, se puede repetir el proceso, lo que se convertiría en una prisión perpetua para el enfermo, de cinco en cinco años. Nótese que escribí Juez, no un psiquiatra calificado, o un grupo de psiquiatras colegiados, una persona ajena a la salud mental.
Por supuesto que se han opuesto a esa propuesta de ley las asociaciones de familiares de personas con enfermedades mentales, y las que están en favor de las personas con discapacidad mental. Lo más relevante es que la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que agrupa a más de 2 000 profesionales de la salud mental: psiquiatras, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, terapeutas, también está en desacuerdo porque es una involución hostil y estigmatizante.
Esto está pasando en España, no aquí en México, sin embargo me hizo recordar aquello de: “Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar” Mi paso por el hospital psiquiátrico, como rehabilitadora del enfermo mental, me dejó una huella imborrable sobre la vulnerabilidad de los enfermos que tienen la desgracia de llegar a ser internados. Mi acercamiento con los familiares de discapacitados intelectuales para favorecer su duelo, me hacen sensible a esta población y su dolor.
Aprovecho esta coyuntura para invitarlos a tomar conciencia sobre este hecho para que nunca llegue a presentarse en nuestro país, y al hecho de que en México nos falta mucho en el aspecto de rehabilitación y re-inserción de las personas con algún trastorno o déficit mental.
Si les interesa leer al respecto de esta ley en España, hay un artículo muy completo en el periódico El País de hoy, página 22, escrito por Jaime Prats, titulado: ¿Enfermos mentales y presos para siempre?
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